El gobierno argentino rechazó ayer el proyecto del Reino Unido de llevar a cabo ejercicios militares en las Islas Malvinas y calificó la acción de Londres como una “provocación inaceptable, susceptible de generar una carrera armamentística en la región”. El reclamo fue dado a conocer luego de que el Ministerio de Defensa recibiera información sobre la pronta realización de “disparos de misiles desde las islas” por parte de las fuerzas inglesas. La presidenta Cristina Kirchner denunció el hecho como un nuevo capítulo de la “militarización del Atlántico Sur” y ordenó citar a la embajadora del Reino Unido en Buenos Aires .
En un anuncio convocado de urgencia en Casa de Gobierno, el vicecanciller Alberto D’Alotto leyó ante los medios una nota formal de reclamo que el Ejecutivo le entregó al Reino Unido expresando “su más formal y enérgica protesta” por la iniciativa. Además de la denuncia, el escrito le exige al gobierno británico “que se abstenga de llevar a cabo” ese ejercicio militar.
La queja se inició luego de que el viernes pasado las fuerzas militares británicas dieran aviso al Servicio de Hidrografía Naval, dependiente de la cartera castrense, de la ejecución de una prueba bélica en el archipiélago. Según se comunicó, el ejercicio incluirá “disparos de misiles” desde el territorio en disputa entre ambas naciones. Esta acción del Reino Unido –prevista entre hoy y el 22 de octubre– activó los canales diplomáticos habituales mediante los cuales Argentina dejó asentada una queja contra Londres.
Para la Cancillería, los ejercicios castrenses son una provocación “que se contrapone totalmente a la política argentina de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia” entre ambos países y podrían “generar una carrera armamentista en la región”.
“Los ejercicios contravienen el objeto y fin de acuerdos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza vigentes entre los dos países, al tiempo que se suma a una serie de ejercicios unilaterales que el Reino Unido realiza en contravención de la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas”, agrega el documento, que denuncia la “inexplicable falta de respeto a las decisiones de la comunidad internacional” por parte de las autoridades británicas.
Por último, el texto reafirma los derechos de soberanía sobre las islas e insiste con que la decisión de Londres de probar misiles “se suma a la larga lista de acciones que Gran Bretaña realiza en contravención contra la resolución” citada de Naciones Unidas. “Esta nueva provocación –concluyó el vicecanciller– será puesta en conocimiento de la ONU, la OEA y la Unasur.” La carta de queja fue enviada por la tarde a la embajadora británica en Buenos Aires, Shan Morgan, a quien la Presidenta ordenó citar lo antes posible.
El canciller Héctor Timerman, en tanto, opinó que “una vez más el colonialismo inglés hace caso omiso a las Naciones Unidas”. “Hay que entender que Inglaterra intenta militarizar el Atlántico Sur y evita cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas”, sostuvo el diplomático, quien pidió “terminar con su (poder de) veto en el Consejo de Seguridad”. “La Argentina sólo transita el camino de la paz porque nos asiste la razón y el derecho. No caeremos en provocaciones militaristas”, dijo.
Las relaciones entre Argentina y el Reino Unido ya se habían tensado este año luego de que el gobierno británico autorizara a distintas empresas privadas de su país a extraer petróleo en las aguas que rodean a las Malvinas. El 2 de abril, al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la Guerra del Atlántico Sur, Cristina Kirchner criticó la decisión y dijo que “pretender soberanía a 14 mil kilómetros de distancia es un ejercicio de colonialismo”.
En septiembre, en su discurso anual ante la Asamblea General de la ONU, la mandataria volvió a cargar contra la actitud británica y acusó al gobierno de ese país de hacer “uso y abuso” de sus poderes como miembro permanente del Consejo de Seguridad del organismo internacional. El caso Malvinas –dijo– “es muy demostrativo” de esa situación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154682-2010-10-10.html
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