El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dio el visto bueno a una ley sancionada por el Congreso, que prevé regularizar la tenencia de tierras amazónicas en manos privadas, en una polémica decisión cuestionada por opositores y ambientalistas.
El mandatario promulgó la llamada Medida Provisoria 458 en beneficio de los grileiros, como se denomina a los ocupantes irregulares de esta región selvática que se asentaron en territorios fiscales y no cuentan con títulos de propiedad.
La decisión afecta a unos 67,4 millones de hectáreas de floresta en la Amazonia Legal -una extensión que equivale casi a la superficie total de Francia-, que podrán repartirse entre personas físicas en unidades de hasta 1.500 hectáreas.
Para las parcelas más pequeñas, de menos de un kilómetro cuadrado, los títulos de propiedad serán otorgados de forma gratuita. Las medianas se venderán por un valor simbólico, mientras que las grandes fincas -de hasta 1.500 hectáreas- se subastarán a precios de mercado, estipulados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
Los terrenos "privatizadas" podrán ser explotados para cultivos y cría de ganado y, pasados tres años, sus flamantes dueños podrán ponerlos a la venta.
Revés para los "verdes"
Para algunos observadores brasileños, la decisión de Lula constituye una derrota de las organizaciones defensoras del medio ambiente, que abogan por la protección de la principal selva tropical del planeta, a la vez que constituye un espaldarazo para los ruralistas interesados en promover el desarrollo económico.
La ahora sancionada Medida Provisional, que el gobierno había establecido originalmente para dar cierto respaldo legal a los pequeños productores de la zona amazónica, es vista por los críticos como una resolución que no hará más que agravar la deforestación.
Con un 15% de la selva primaria desaparecida en los últimos 30 años, la tala para la explotación agropecuaria es denunciada por las organizaciones "verdes" como un crimen ecológico, que tiene efectos sobre el planeta entero.
Anticipan, además, que la posibilidad de traspasar tierras después de 3 años dará lugar a un negocio inmobiliario incontrolable. Originalmente, el período estipulado por el proyecto de ley para habilitar la venta era de 10 años, pero este punto fue modificado durante el debate en el Congreso.
"Esta ley es una señal que indica a la gente que goza de impunidad desde hace años que se pueden cometer crímenes en el Amazonas sin ninguna consecuencia", dijo a la BBC Marcelo Furtado, director ejecutivo de la organización no gubernamental Greenpeace en Brasil.
Los ambientalistas también cuestionan una disposición de la Medida, que permitirá legalizar la ocupación de lotes de menos de 400 hectáreas sin una inspección oficial, que constate que la parcela es efectivamente ocupada por la persona que pidió su registro.
Pese a las presiones, el presidente Lula no objetó este inciso, que había sido aprobado antes por el Senado y la Cámara de Diputados del país.
Veto parcial
Sin embargo, la sanción de la ley se hizo con reservas: el mandatario ejerció su derecho al veto en dos puntos de la norma, que habían sido incluidos durante el debate parlamentario.
Uno de ellos, el artículo 7, contemplaba la transferencia de tierras a personas jurídicas, o a individuos que no habitan en la región y administran sus terrenos mediante terceros o testaferros.
Así, sólo las personas que moran en las tierras selváticas de manera permanente, y que se han instalado allí antes de diciembre de 2004, pueden reclamar la posesión legal.
Lula eliminó, además, el punto que extendía la posibilidad de adquirir títulos de propiedad a las empresas.
Al justificar los vetos, la Presidencia señaló que "no es posible prever" el impacto que tendrían esas medidas en el proceso de regularización de la propiedad, ya que "no hay datos que permitan estimar la extensión total y los límites de las áreas ocupadas que se encuadrarían en esa condición".
Según el gobierno, la ley permitirá aumentar el control sobre los ocupantes de la floresta y establecer responsabilidades en materia de eventuales crímenes ambientales.
"Lo que queremos hacer exactamente es garantizar a las personas que tienen la propiedad de la tierra, para ver si podemos acabar con la violencia en este país", declaró el mandatario días atrás.
La zona que quedará bajo la órbita de la nueva ley es la llamada Amazonia Legal, que incluye los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y parte de Maranhão.
http://www.bbc.co.uk/mundo/lg/america_latina/2009/06/090626_0453_lula_selva_amazonica_irm.shtml
El documental del combativo realizador norteamericano Oliver Stone, "South of the border" (Al sur de la frontera), sobre el presidente Hugo Chávez, genere también controversia por la aquiescencia con la que trata al líder venezolano.
