viernes, 19 de junio de 2009

Incremento de los gastos militares para el mundo acosado por las guerras

Ilia Kramnik, RIA Novosti.

El mundo sigue marcando récords en sus gastos militares. En 2008, los gastos en armas en el planeta sumaron 1.464 billones de dólares, es decir, el 2,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, y que supone un incremento del 45 % en comparación con los gastos en armas en 1998.

Estas cifras fueron reveladas en un reciente informe del Instituto de Investigaciones de la Paz de Estocolmo (SIPRI). Según los analistas suecos, el factor principal que influyó en el aumento de los gastos militares a nivel global ha sido la guerra en Iraq, el retorno de Rusia a la arena internacional y el cada vez más creciente poderío de China.

Es indudable que esos factores han influido, sin embargo, las razones que han determinado la tendencia global ha sido el aumento de la tensión en el mundo actual.

Según el SIPRI, los mayores gastos militares en 2008 los hizo Estados Unidos con 607.000 millones de dólares, con una notable diferencia sigue China con 84.900 millones de dólares, Francia con 65.700 millones de dólares, Inglaterra con 65.300 millones de dólares y Rusia en el quinto lugar con 58.600 millones de dólares.

Dividido en dos bandos antagónicos hace 25 años, el mundo se vio inmerso en la denominada "guerra fría", y a pesar de que costó muchos esfuerzos y gastos, al fin de cuentas las dos grandes potencias, la una con respecto de la otra se convirtieron en un factor estabilizador.

Ambas potencias controlaban a los países de su área de influencia y a pesar de la enorme cantidad de armamento acumulado y la dureza de la retórica, los conflictos locales en el mundo eran relativamente pocos.

El desmoronamiento del bloque socialista en la Europa del Este y, posteriormente, el colapso de la Unión Soviética alteró la correlación de fuerzas existente y en aumentó considerablemente la posibilidad de nuevos conflictos en el mundo.

Los nuevos países intentaron llenar el vació que surgió lo que irremediablemente condujo a nuevos conflictos locales, en particular en el territorio de la extinta URSS.

Los conflictos alcanzaron su punto máximo a medidos de la década de los años 90 y la estadística aproximada es la siguiente: de 1972 a 1974 hubo entre 25 y 30 conflictos sen el mundo, entre 1985-1986 de 30 a 35, de 1992 a 93 los conflictos se dispararon a 45-50 conflictos, ya después de la segunda mitad de la década de los años 90 ocurrió un descenso de los conflictos, cuyo número de nuevo comenzó a crecer a partir del comienzo del nuevo milenio.

Los países adversarios de la URSS en tiempos de la Guerra Fría emprendieron una política expansionista.

Según opina un grupo destacado de expertos, si para ese tiempo hubiera existido una "URSS fuerte", no habrían ocurrido los conflictos en los Balcanes y en el Golfo Pérsico porque con su influencia, Moscú no habría tolerado la agresión de Sadam Hussein contra Kuwait y en consecuencia se podría haber evitado la operación Tormenta del Desierto y también la intervención de tropas internacionales en el conflicto de Yugoslavia.

A finales de los años 90, se manifestó de forma muy clara la aspiración de la OTAN y, antes que todo, de EEUU de resolver sus problemas mediante el empleo de la fuerza, aprovechando la indiscutible ventaja de su potencial bélico. Tras el S-11, esta política desató la invasión de EEUU a Afganistán e Iraq.

El objetivo inicial fue la liquidación las organizaciones terroristas, pero esas invasiones no pudieron poner fin al terrorismo mundial. Ahora, ambos países afrontan una cruenta una guerra civil alentada por una intervención extrajera, para algunos una invasión, que se ha convertido en un foco de terrorismo al ocasionar muchas muertes entre la población civil.

En consecuencia, el creciente peligro de que puede ocurrir nuevos conflictos militares, desde el sureste asiático hasta la América Latina, ha estimulado a muchos gobiernos a aumentar sus gastos en defensa, mejorar el armamento y la preparación de sus Fuerzas Armadas.

Además del incremento de los conflictos, en el aumento de gastos en defensa influye la subida de los precios del armamento y tecnología militar de última generación, lo que explica la situación cuando se reducen las compras por unidad armamento y al mismo tiempo, se disparan los gastos de defensa.

Basta decir que un caza moderno cuesta de 30 hasta 100 millones de dólares y mucho más, cuando hace 25- 30 años, el precio de un aparato de ese tipo, máximo superaba los 8-10 millones de dólares, lo que influyó en el aumento de los gastos de defensa incluso en condiciones de devaluación del dólar los últimos años.

Como resultado, EEUU que actualmente destina en defensa y armamentos más de 600 millones de dólares esta obligado a reducir paulatinamente la cantidad de armamento desde portaviones hasta vehículos blindados, y esto también ocurre con otros países entre ellos Rusia.

Al mismo tiempo, como vemos, la reducción de la cantidad de armamento y los arsenales de los países desarrollados no contribuye a que aumente la estabilidad en el mundo.

http://sp.rian.ru/analysis/20090616/122004450.html

lunes, 15 de junio de 2009

Sobre buitres y congresistas


Por Mark Weisbrot *

Una de las diferencias entre Estados Unidos y la mayoría de los demás países desarrollados es que el Congreso puede tener una política exterior que no coincida necesariamente con los objetivos del Ejecutivo. Esto es generalmente algo positivo, dado que les permite a los ciudadanos tener influencia, la cual no se tiene en la mayoría de los países europeos, y limita el daño que el Poder Ejecutivo a menudo hace alrededor del mundo. Fue el Congreso de Estados Unidos quien finalmente, bajo presión del movimiento pacifista, cortó el financiamiento para la guerra de Vietnam y en los años ochenta un movimiento bien organizado y mayormente con bases religiosas presionó al Congreso para cortarle los fondos a la insurgencia brutal de Ronald Reagan en Nicaragua.

Ocasionalmente, sin embargo, algunos miembros del Congreso –en representación de intereses especiales– pueden ser un obstáculo cuando el Ejecutivo trata de mantener o reparar relaciones con otros países. Es el caso de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, que cayeron a un punto bajo con Bush y que Obama quiere mejorar. Ahora el obstáculo es Eric Massa, el novato congresista demócrata de la ciudad de Corning en el estado de Nueva York, que el 20 de mayo introdujo un proyecto de ley que intenta castigar a Argentina negándole el acceso a los mercados de capitales de Estados Unidos.

Los acreedores que no aceptaron la oferta de renegociación de la deuda formulada en 2005 (los “holdouts”) tienen un grupo de presión en Washington, el “Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina” (ATFA, American Task Force Argentina). Es dirigido por ex funcionarios de la administración de Clinton, quienes tratan de utilizar al Congreso para presionar a Argentina. Este grupo de presión incluye a inversionistas de fondos “buitres”, que compran deudas en moratoria por una pequeña fracción del valor nominal y luego utilizan demandas legales y otras tácticas de presión para luchar por obtener el valor nominal de los bonos.

Lo cierto es que la moratoria de Argentina fue parte inevitable de un desplome económico y también una condición necesaria para la recuperación económica del país, la cual empezó justo tres meses después de que dejó de pagar su deuda pública. En un poco menos de siete años el PIB real de Argentina creció en un 66 por ciento, casi el mejor desempeño en el hemisferio, sacando a 11 millones de personas de la pobreza y remediando mucho del daño causado bajo la tutela del FMI en la década previa.

La deuda de Argentina antes de que el país cayera en moratoria era simplemente impagable. En Estados Unidos y en la mayoría de los otros países, hay leyes sobre bancarrotas que le permiten a un deudor salir de deudas impagables y empezar de nuevo. En el mundo de deuda soberana, todavía no hay mecanismo comparable que no sea la moratoria del pago.

Por supuesto, es muy posible que el gobierno argentino alcance un acuerdo con los “holdouts” y ha habido algún movimiento en esa dirección en este último año. Un acuerdo le devolvería el acceso a los mercados internacionales de crédito a Argentina.

Irónicamente, el acoso de Eric Massa y el ATFA hace menos probable que tal arreglo sea alcanzado, porque los “fondos buitres” que ellos representan tienen otros objetivos. Ellos desean su libra de carne: es decir que le están apuntando al valor nominal de los bonos y están dispuestos a atropellar a cualquiera de los acreedores más prácticos (entre los holdouts) para conseguir lo más que puedan. Por lo tanto, los buitres socavan a otros acreedores, incluso acreedores actuales cuyas inversiones no están en peligro, pero que aumentarían en valor si Argentina tuviera acceso pleno a los mercados internacionales de crédito.

¿Quiénes son los electores a los que Eric Massa y el ATFA representan? Echando un vistazo a quince acreedores que tienen reclamos contra Argentina por más de 25 millones de dólares cada uno, se ve que nueve de ellos tienen direcciones en las Islas Caimán. Uno es NML Capital Ltd., un fondo buitre que es filial del fondo de inversión de alto riesgo Elliot Associates (un miembro de ATFA) dirigido por su fundador Paul Singer. Según Bloomberg News, NML Capital compró por lo menos 182 millones de dólares de la deuda argentina a 15-30 centavos por dólar. Singer se arriesgó en una apuesta que fue exitosa en Perú en el año 2000, en donde obtuvo ganancias del 400 por ciento del gobierno peruano a través de demandas legales y acoso.

Los buitres no van a lograr mucho con Argentina, en donde no sólo el Gobierno sino también la población está determinada a no rendirse. Pero pueden hacer más difícil alcanzar un acuerdo con los otros acreedores y también obstaculizar el camino hacía mejores relaciones con Estados Unidos.

Ese parece ser el principal objetivo del proyecto de ley de Massa en el Congreso, y por supuesto los esfuerzos del grupo de presión, ATFA: el de crear la falsa impresión de que la deuda de los “holdouts” es un obstáculo al progreso hacia mejores relaciones entre Estados Unidos y Argentina. Lo cual no es cierto con la administración de Obama. Pero en Argentina, los medios de comunicación opositores pueden exagerar la seriedad de este esfuerzo del Congreso, que casi no tiene posibilidad alguna de convertirse en ley, para tratar de socavar el gobierno de Cristina Kirchner. Es todo humo y espejos: un esfuerzo de relaciones públicas internacionales, muy elaborado y bien financiado.

* Codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington, DC.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-126658-2009-06-15.html

Two Men Who Stood Under the Plunderers’ Knives

By Amy Goodman

Ken Saro-Wiwa and Alberto Pizango never met, but they are united by a passion for the preservation of their people and their land, and by the fervor with which they were targeted by their respective governments. Saro-Wiwa was executed by the Nigerian government Nov. 10, 1995. Pizango this week was charged by the Peruvian government with sedition and rebellion, and narrowly eluded capture, taking refuge in the Nicaraguan Embassy in Lima. Nicaragua has just granted him political asylum. Two indigenous leaders—one living, one dead—Pizango and Saro-Wiwa demonstrate that effective grass-roots opposition to corporate power can take a personal toll. Saro-Wiwa’s family and others just won a landmark settlement in U.S. federal court, ending a 13-year battle with Shell Oil. Pizango’s ordeal is just beginning.

Peru and Nigeria are a world apart on the map, but both host abundant natural resources for which the U.S. and other industrialized nations hunger.

The Niger Delta is one of the world’s most productive oil fields. Shell Oil began extracting oil there in 1958. Before long, the indigenous peoples of the Niger Delta suffered from pollution, destruction of the mangrove forests and depletion of fish stocks that sustained them. Gas flares constantly lit up the sky, fouling the air and denying generations a glimpse of a dark night. The despoliation of traditional Ogoni land in the Niger Delta inspired Saro-Wiwa to lead an international, nonviolent campaign targeting Shell. For his commitment, Saro-Wiwa was arrested by the Nigerian dictatorship, subjected to a sham trial and hanged with eight other Ogoni activists. I visited the Niger Delta and Ogoniland in 1998, and met Ken’s family. His father, Jim Wiwa, did not mince words: “Shell has a hand in the killing of my own son.”

Family members sued Shell Oil, charging it with complicity in the executions. They were granted their day in U.S. court under the Alien Tort Claims Act, which allows people outside the U.S. to bring charges against an offender in U.S. courts when the charges amount to war crimes, genocide, torture or, as in the case of the Ogoni Nine, extrajudicial, summary execution. Despite Shell’s efforts to have the case (Wiwa v. Shell) thrown out, it was set to be tried in a New York federal court two weeks ago. After several delays, Shell settled, agreeing to pay $15.5 million.

Saro-Wiwa’s son, Ken Wiwa, said: “We now have an opportunity to draw a line on the sad past and ... face the future with some hope that what we’ve done here will have helped to change the way in which businesses regard their operations abroad. ... We need to focus on the development needs of the people. ... We’ve created evidence, an example, that with enough commitment to nonviolence and dialogue, you can begin to build some kind of creative justice. And we hope that people will take their signals from that and push for similar examples of creative justice, where communities and all the stakeholders where oil production is are able to mutually benefit from oil production, rather than exploitation and degradation of the environment.”

Peruvian indigenous populations have been protesting nonviolently since April, with road blockades a popular tactic. At issue is the so-called U.S./Peru Trade Promotion Agreement, which would override protections of indigenous land, granting access to foreign corporations for resource extraction.

This week, eyewitnesses allege that Peruvian special forces police carried out a massacre at one of the blockades. Pizango, the leader of the national indigenous organization the Peruvian Jungle Interethnic Development Association, accused the government of President Alan Garcia of ordering the attack: “Our brothers are cornered. I want to put the responsibility on the government. We are going to put the responsibility on Alan Garcia’s government for ordering this genocide. ... They’ve said that we indigenous peoples are against the system, but, no, we want development, but from our perspective, development that adheres to legal conventions. ... The government has not consulted us. Not only am I being persecuted, but I feel that my life is in danger, because I am defending the rights of the peoples, the legitimate rights that the indigenous people have.”

Saro-Wiwa told me in 1994, just before he returned to Nigeria, “I’m a marked man.” Pizango has challenged the powerful Peruvian government and the corporate interests it represents. Pizango is now marked, but still alive. Will the international community allow him and the indigenous people he represents to suffer the same fate as Saro-Wiwa and the Ogoni people?

Denis Moynihan contributed research to this column.

Amy Goodman is the host of “Democracy Now!,” a daily international TV/radio news hour airing on more than 750 stations in North America. She is the co-author of “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recently released in paperback.

http://www.truthdig.com/report/item/20090609_the_free_markets_marked_men/