lunes, 1 de junio de 2009

¿Salvará China al mundo de la depresión?


Walden Bello

¿Será China la “palanca de crecimiento” que arrancará al mundo de las garras de la depresión? Esa pregunta se ha convertido en un tema favorito mientras el heroico consumidor estadounidense de clase media, aplastado por sus masivas deudas, deja de representar el estímulo esencial para la producción global.

Aunque la tasa de crecimiento del PIB chino cayó a un 6,1% en el primer trimestre – la más baja en casi una década – los optimistas ven “brotes de recuperación” en un aumento de un 30% en la inversión de bienes de capital urbanos y un salto en la producción industrial en marzo. Esos indicadores prueban, dicen algunos, que el programa de estímulo chino de 586.000 millones de dólares – que, en relación al PIB, es mucho mayor en proporción que el paquete de 787.000 millones del gobierno de Obama – está teniendo efecto.

¿El campo como rampa de lanzamiento de la recuperación?

Como las áreas urbanas costeras de China, orientadas hacia la exportación, sufren por el colapso de la demanda global, muchos dentro y fuera de China cifran sus esperanzas de recuperación global en el campo chino. Una parte importante del paquete de estímulo de Beijing va destinado a gastos sociales y de infraestructura en las áreas rurales. El gobierno está destinando 20.000 millones de yuan (3.000 millones de dólares) en subsidios para ayudar a residentes rurales a comprar televisiones, refrigeradores y otros electrodomésticos.

Pero con la baja de la demanda para la exportación, ¿funcionará esta estrategia de reforzar la demanda rural como un motor para la inmensa maquinaria industrial del país?

Hay motivos para ser escéptico. Para empezar, incluso cuando la demanda para la exportación era elevada, un 75% de las industrias de China ya estaban plagadas por la sobrecapacidad. Antes de la crisis, por ejemplo, se proyectaba que la capacidad instalada de la industria automotriz produciría 100% más vehículos de los que podían ser absorbidos por un mercado creciente. En los últimos años, los problemas de sobrecapacidad han llevado a la reducción a la mitad de la tasa anual de crecimiento de los beneficios de todas las principales empresas.

Hay otro problema mayor en la estrategia de hacer que la demanda rural sea un sustituto para los mercados de exportación. Incluso si Beijing lanza otros cien mil millones de dólares, no es probable que el paquete de estímulo contrarreste de alguna manera significativa el impacto depresivo de una política de 25 años de sacrificio del campo a favor de un crecimiento industrial urbano orientado a la exportación. Las implicaciones para la economía global son considerables.

La subordinación de la agricultura a la industria

Irónicamente, el ascenso chino durante los últimos 30 años comenzó con las reformas rurales que Deng Xiaoping inició en 1978. Los campesinos querían un fin de las comunas de la era de Mao, y Deng y sus reformistas los complacieron introduciendo un “sistema de contratos de responsabilidad casera.” Bajo este sistema, cada grupo familiar recibió un trozo de tierra para su cultivo. Se permitió que cada grupo familiar retuviera lo que quedara de la producción después de vender al Estado una proporción fija a un precio determinado por el Estado, o pagara simplemente un impuesto en efecto. Podía consumir el resto o venderlo en el mercado. Fueron años maravillosos para el campesinado. Los ingresos rurales crecieron en promedio más de un 15% por año, y la pobreza rural disminuyó de un 33% a un 11% de la población.

Esos días de oro del campesinado terminaron, sin embargo, cuando el gobierno adoptó una estrategia de industrialización basada en las costas, orientada a la exportación apoyada en la rápida integración a la economía capitalista global. Esa estrategia, que fue lanzada en el 12 Congreso Nacional del Partido de 1984, construyó esencialmente la economía industrial urbana sobre “las espaldas de los campesinos” como lo describieron los especialistas rurales Chen Guidi y Wu Chantao. El gobierno buscaba una acumulación primitiva del capital sobre todo mediante políticas que afectaron fuertemente el superávit campesino.

Las consecuencias de esa estrategia de desarrollo industrial orientada hacia las ciudades fueron severas. El ingreso campesino, que había crecido en un 15,2% por año de 1978 a 1984, bajó a un 2,8% por año de 1986 a 1991. Hubo una cierta recuperación a comienzos de los años noventa, pero el estancamiento del ingreso fue la marca de la segunda mitad de la década. En contraste, el ingreso urbano, que ya era mayor que el de los campesinos a mediados de los años ochenta, llegó a ser en promedio seis veces el de los campesinos en el año 2000.

El estancamiento del ingreso rural fue causado por políticas que impulsaban costes crecientes de los insumos industriales a la agricultura, una baja de los precios de los productos agrícolas, y aumentos de los impuestos, todo lo cual se combinó para transferir ingreso del campo a la ciudad. Pero el mecanismo principal para la extracción del excedente del campesinado fue la tributación. En 1991, las agencias centrales del Estado impusieron impuestos a los campesinos sobre 149 productos agrícolas, pero resultó que esto no era más que una parte de un bocado mucho mayor, ya que los niveles más bajos del gobierno comenzaron a imponer sus propios impuestos, aranceles y cargas. En la actualidad, los diversos niveles del gobierno rural imponen un total de 269 tipos de impuestos, junto con toda suerte de cargas administrativas impuestas a menudo de manera arbitraria.

Se supone que los impuestos y los aranceles no excedan un 5% del ingreso de un agricultor, pero la cantidad real es a menudo muy superior. Algunos estudios del Ministerio de Agricultura han informado que la carga tributaria del campesino es de un 15%, tres veces el límite oficial nacional.

Posiblemente el aumento de la tributación habría sido soportable si los campesinos hubieran obtenido a cambio una mejora de la salud pública y de la educación, y más infraestructura agrícola. A falta de semejantes prestaciones tangibles, los campesinos consideraron que sus ingresos subvencionaban lo que Chen y Wu describieron como el “monstruoso crecimiento de la burocracia y la cantidad metastatizante de funcionarios” que no parecían tener otra función que arrebatarles cada vez más.

Aparte de ser sometidos a mayores precios de los insumos, precios más bajos para sus productos, y una tributación más intensiva, los campesinos han soportado el peso del enfoque urbano-industrial de la estrategia económica de otras maneras. Según un informe, “40 millones de campesinos han sido obligados a abandonar sus tierras para construir carreteras, aeropuertos, represas, fábricas, y otras inversiones públicas y privadas, y otros dos millones son desplazados cada año.” Otros investigadores citan una cifra mucho mayor de 70 millones de grupos familiares, lo que significa que hasta 2004, calculando 4,5 personas por grupo familiar, las apropiaciones de tierras han desplazado hasta 315 millones de personas.

Impacto de la liberalización del comercio

El compromiso de China con la eliminación de las cuotas agrícolas y la reducción de aranceles aduaneros, hecho cuando se unió a la Organización Mundial de Comercio en 2001, podría todavía superar el impacto de todos los cambios anteriores sufridos por los campesinos. El coste de admisión para China es inmenso y desproporcionado. El gobierno redujo el arancel agrícola promedio de 54% a un 15,3%, en comparación con el promedio mundial de 62%, llevando al ministro de comercio a alardear (o quejarse de que) “Ni un solo miembro en la historia de la OMC ha hecho un recorte tan inmenso [en los aranceles] en un período tan breve.”

El acuerdo con la OMC refleja las actuales prioridades de China. Si el gobierno ha decidido arriesgar grandes sectores de su agricultura, como ser soja y algodón, lo ha hecho para abrir o mantener abiertos mercados globales para sus exportaciones industriales. Las consecuencias sociales de ese cambio todavía no han sido totalmente advertidas, pero los efectos inmediatos han sido alarmantes. En 2004, después de años de ser un exportador neto de alimentos, China registró un déficit en su comercio agrícola. Las importaciones de algodón aumentaron vertiginosamente de 11.300 toneladas en 2001 a 1,98 millones de toneladas en 2004, un aumento de 175 veces. Los agricultores productores de caña de azúcar, frijoles de soja, y sobre todo los de algodón, fueron arruinados. En 2005, según Oxfam en Hong Kong, las importaciones de algodón barato de EE.UU. resultaron en una pérdida de ingreso para los campesinos chinos de 208 millones de dólares, junto con 720.000 puestos de trabajo. También es probable que la liberalización del comercio haya contribuido a la dramática deceleración de la reducción de la pobreza entre 2000 y 2004.

Relajo del régimen de propiedad

En los últimos años, la prioridad dada a la transformación capitalista del campo para apoyar la industrialización orientada hacia la exportación ha llevado al partido a promover no sólo la liberalización del comercio agrícola sino un relajo del régimen de propiedad semi-socialista que favorece a los campesinos y pequeños agricultores. Esto involucra la reducción de controles públicos sobre la tierra para orientarse hacia un régimen de propiedad privada hecho y derecho. La idea es permitir la venta de derechos a la tierra (la creación de un mercado de terrenos) de modo que los productores más “eficientes” puedan expandir sus propiedades. En las palabras eufemísticas de una publicación del Departamento de Agricultura de EE.UU.: “China está fortaleciendo los derechos de los agricultores – aunque no llega a permitir la propiedad plena de la tierra – para que los agricultores puedan arrendar tierras, consolidar sus propiedades, y lograr eficiencias en el tamaño y la escala.”

Esta liberalización del derecho a la tierra incluyó la aprobación de la Ley de Arrendamiento Agrícola en 2004, que limitó la capacidad de las autoridades de las aldeas de reasignar tierras y dio a los agricultores el derecho a heredar y vender arrendamientos de tierra arable durante 30 años. Con la compra y venta de derechos a utilizar la tierra, el gobierno restableció esencialmente la propiedad de la tierra en China. Al hablar de “granjas familiares” y de “agricultores en gran escala,” el Partido Comunista Chino estaba, de hecho, apoyando un camino de desarrollo capitalista para suplantar el que se había basado en la agricultura de campesinos en pequeña escala. Como argumentó un partidario de la nueva política: “La reforma creará no sólo una economía de escala – aumento de la eficiencia y reducción de los costes de producción agrícola – sino resolverá el problema de tierras inactivas abandonadas por migrantes a las ciudades.”

A pesar de la promesa del Partido de que estaba institucionalizando los derechos de los campesinos a la tierra, muchos temieron que la nueva política legalizaría el proceso de apropiación ilegal que había estado ocurriendo en gran escala. Esto, advirtieron “creará unos pocos terratenientes y muchos agricultores sin tierra que no tendrán medios de vida.” Esos temores venían al caso, considerando la turbulenta transformación del campo resultante del desencadenamiento de relaciones capitalistas de producción en otros países.

Resumiendo, es poco probable que la simple asignación de dinero para aumentar la demanda rural vaya a contrarrestar las poderosas estructuras económicas y sociales creadas por la subordinación del desarrollo del campo a la industrialización orientada a la exportación. Esas políticas han contribuido a más desigualdad entre los ingresos urbanos y rurales y detuvieron la reducción de la pobreza en las áreas rurales. La habilitación de las áreas rurales de China para que sirvan de rampla de lanzamiento para la recuperación nacional y global requeriría un cambio fundamental de política, y el gobierno tendría que ir contra los intereses, locales y extranjeros que se han solidificado alrededor de la estrategia de industrialización orientada a la exportación dependiente del capital extranjero.

Beijing ha hablado mucho de un “Nuevo Trato” para el campo durante los últimos años. Pero hay pocas señales de que tenga la voluntad política de adoptar políticas que conviertan esa retórica en realidad. De modo que no hay que esperar que Beijing salve la economía global en el futuro previsible.

Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.

Fuente: http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21574


General Motors declares bankruptcy – the biggest manufacturing collapse in US history

America's biggest carmaker, General Motors, declared itself bankrupt today in a legal filing at a federal courthouse in downtown Manhattan, kicking off the biggest industrial insolvency in US history.

GM filed for Chapter 11 protection against its creditors' demands at 8am local time after racking up losses of $81bn (£50bn) over four years, putting a veteran bankruptcy judge, Robert Gerber, in charge of the future of 235,000 employees worldwide.

Speaking in Washington a few hours after the filing, Barack Obama said the GM restructuring plan was "tough but fair". He acknowledged that General Motors stakeholders – its parts suppliers, dealers, debt-holders, shareholders, workers and retirees – were making tough sacrifices to keep the company afloat.

"I want to be honest with you: building a leaner GM will come at a cost," he said. "You will have to make a sacrifice for the next generation so that our children can grow up in an America that still makes things."

Based in Detroit, the 101-year-old company is a stalwart of the US manufacturing base, producing vehicles with brands such as Chevrolet, Cadillac, Hummer, Opel and Vauxhall. Its filing comes a month after its smaller rival Chrysler declared bankruptcy, leaving two of the top three American motor manufacturers under court protection.

GM will continue to manufacture and sell cars under bankruptcy and the US government is hoping for a swift, "surgical" process under which the company will emerge in smaller, streamlined form within 60 to 90 days.

Obama said the massive reorganisation of GM would leave the US government holding 60% of the company's equity. But it was necessary to preserve an iconic symbol of American business and maintain a viable US auto industry.

At the White House, flanked by his economic advisers and cabinet secretaries, Obama reiterated that the government was a "reluctant" shareholder in General Motors, but said the alternative – extending more loans – would burden the new company with debt and would hinder its re-emergence as a viable company.

"I recognise that this may give some Americans pause," he said. "We're making these investments not because I want to spend the American people's tax dollars but because I want to protect them."

GM is the largest industrial corporation ever to go bankrupt in the US and the third-largest bankruptcy of any sort, behind the investment bank Lehman Brothers and the telecommunications firm WorldCom.

GM's chairman, Kent Kresa, said the board had authorised bankruptcy‚ "with regret that this path proved necessary despite the best efforts of so many".

He did his best to put a positive spin on the move, describing it as a "new beginning" for the company: "A court-­supervised process and transfer of assets will enable a new GM to emerge as a stronger, healthier, more focused and nimbler company with a determination not to just survive but to excel."

Judge Gerber, who will rule on the competing claims of GM's creditors, is an old hand at high-profile insolvencies, having handled the bankruptcy of firms such as Adelphia and Global Crossing.

The carmaker has received $19bn of emergency aid from the treasury to keep it afloat and a further $30bn of government funding is likely to be forthcoming to see it through bankruptcy.

In return for its support, the Obama administration is likely to get a 60% ownership stake in the company. Canada's government, which is contributing billions of dollars in further help, will get 12.5% with unions and bondholders holding the rest.

Until it was overtaken by Toyota last year, GM was the largest carmaker in the world. But the company has been hobbled by a collapse in demand for new vehicles from the US market, where industry-wide sales of cars have dropped from 17m a year to fewer than 10m.

David Cole, chairman of the Michigan-based Center for Automotive Research, said last year's soaring fuel prices proved to be the final straw, pushing customers towards smaller, more fuel-efficient vehicles from Asian manufacturers.

"The financial meltdown in the economy has driven the auto industry into depression," he said. "We have an auto depression, not a recession."

To restore profitability, GM's chief executive, Fritz Henderson, has made it clear that cuts will need to be deep and permanent. He is selling chunks of the company dubbed "old GM", including its European operation, which employs 5,500 people making Vauxhall cars in Britain. Brands such as Saturn, Saab and Hummer are on the block and Pontiac, a sporty "muscle car" marque, is to close.

GM's US manufacturing workforce is to shrink from 113,000 three years ago to just 38,000 by 2011. Scores of factories across the US are shutting for an extended summer break and GM is slashing its network of dealership showrooms by 40%.

The extent of the government's intervention in the motor industry has alarmed business organisations. Thomas Donohue, president of the US Chamber of Commerce, warned today that GM would not prosper if it was run by the Obama administration and the United Auto Workers union.

"If members of Congress, along with government officials from the United States to Germany to Canada, are allowed undue influence over management's decisions, then you can write this down: these companies will not return to profitability and their survival will be seriously challenged," said Donohue.

Obama's auto industry taskforce had initially hoped that GM could be kept afloat without going through bankruptcy. But bondholders, who are owed $27bn by the carmaker, have been reluctant to swap their debt for a small equity stake.

Over the weekend, 54% of these bondholders indicated that they were willing to accept an improved deal under which they could eventually get up to 25% of GM, stoking optimism that the bankruptcy could proceed swiftly, without a long, drawn-out fight over assets that risked pushing the company into liquidation.

The 24-page bankruptcy filing, which gives GM's address as 300 Renaissance Centre, Detroit was lodged under the name of a Manhattan vehicle dealer, Chevrolet-Saturn of Harlem, which is owed money by the carmaker.

A list of GM's largest debtors is topped by the Wilmington Trust Company of Delaware, which represents bondholders owed $22.7bn, followed by the United Auto Workers union on behalf of employees owed $20.5bn.

Other claims include demands for money from the car rental firms Avis and Enterprise, the French advertising agency Publicis, the computer maker Hewlett-Packard, the oil firm Exxon Mobil and Lakshmi Mittal's steel corporation, Arcelor Mittal.

Source:http://www.guardian.co.uk/business/2009/jun/01/general-motors-bankruptcy-chapter-11